Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba la reforma para desvincular el mandato del fiscal general de la legislatura
Con la nueva reforma, el mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cinco años y no de cuatro. De esta forma no coincidirá con las legislaturas de los gobiernos.
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El Gobierno quería reformar la Fiscalía para otorgarle más autonomía siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma para desvincular el mandato del fiscal general del Estado de la legislatura.
El objetivo de la reforma de la Ley 50/1981 por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es "reforzar la independencia del Ministerio Fiscal" y "responder a las recomendaciones reiteradas de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO)".
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "se desvincula la duración del mandato del Fiscal General del Estado de la legislatura y del término del Gobierno".
Con la nueva reforma, el mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cinco años (y no los cuatro actuales), de esta manera no coincide con la duración de la legislatura del Ejecutivo. Y tampoco será renovable, salvo excepciones. Por ejemplo, que el fiscal haya ocupado el cargo menos de un año. En el caso del cese anticipado, el nuevo fiscal elegido se encargará de las labores por el tiempo que le quedaba al mandato anterior.
También propone adaptarla a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim): el texto prevé que la Fiscalía dirija la Policía Judicial en la investigación de delitos. Así, el Fiscal Jefe designará a los fiscales instructores y se aplicará el mismo régimen de abstención y recusación que a jueces y magistrados.
Mayor autonomía al Ministerio Fiscal
La reforma otorga "mayor autonomía funcional" al Ministerio Público relegando la competencia del nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los fiscales al Fiscal General del Estado, en lugar del Gobierno.
Además, el Gobierno solo podrá apartar al fiscal general por "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones" y previo informe del Consejo General del Poder Judicial. También se prohibirá que el fiscal general comparezca ante el Consejo de Ministros, y cualquier comunicación entre él y el Ejecutivo "deberá constar por escrito y ser publicada".
Otro de los puntos de la reforma es que la Junta de Fiscales de Salapodrá imponer su criterio al del fiscal general del Estado si cuenta con una mayoría cualificada de tres quintas partes. Las asociaciones de fiscales "no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros y deberán inscribirse en un registro oficial (dependiente de la Fiscalía General del Estado).
También se regula la preparación de opositores por parte de fiscales. A partir de ahora se requerirá autorización previa del Fiscal General del Estado y quedará reflejada en un registro público.
El Gobierno respalda al fiscal general
Bolaños, ha reafirmado el apoyo del Gobierno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque el Tribunal Supremo decida procesarlo y enviarlo a juicio por un presunto delito de revelación de secretos. El ministro ha dejado claro que, para el Ejecutivo, García Ortiz simplemente "contó la verdad" a la ciudadanía y actuó para perseguir delitos.
Ha insistido en que el fiscal general "lo que hizo fue contar la verdad a la ciudadanía y perseguir el delito", y ha recalcado que, pase lo que pase en el Supremo, el Gobierno mantiene su respaldo a García Ortiz
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