Bruselas cuestiona la ley de amnistía por ser una "autoamnistía", pero no aprecia afectación a fondos europeos

La Comisión Europea ha trasladado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la ley de amnistía española podría no responder a un interés general y sugiere que se trataría de una "autoamnistía", promovida mediante un "acuerdo político" para facilitar la investidura del presidente del Gobierno. El documento enviado por el Ejecutivo comunitario se enmarca en el procedimiento iniciado a raíz de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas.

La posición de Bruselas llega después de meses de silencio institucional. En su escrito, la Comisión sostiene que "los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el parlamento español", lo que lleva a plantear dudas sobre la legitimidad de la norma desde la perspectiva del Estado de derecho.

La Comisión ve una conexión débil entre el 'procés' y los fondos comunitarios

Uno de los puntos clave de la cuestión prejudicial es si el desvío de fondos públicos para la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 y otras acciones vinculadas al 'procés' afecta a los intereses financieros de la Unión Europea.

Sobre esto, el Ejecutivo comunitario considera que "no existe un vínculo suficiente entre las actividades ilegales que tengan por objetivo la secesión de una parte del territorio de un Estado miembro y los intereses financieros de la Unión".

No obstante, matiza que corresponde al tribunal español determinar si, en función de las circunstancias concretas del caso, puede establecerse alguna conexión relevante. En todo caso, desde Bruselas no se observa por ahora base suficiente para una intervención directa de las instituciones europeas sobre esta ley.

Críticas por no seguir las recomendaciones de la Comisión de Venecia

El análisis jurídico remitido al TJUE también destaca que el texto legal no habría respetado las recomendaciones de la Comisión de Venecia. La Comisión Europea lamenta que no se hayan definido con claridad los límites temporales y materiales de aplicación de la amnistía ni el vínculo con los hechos concretos que se pretenden amnistiar. "No se atendieron las recomendaciones sobre restringir y definir con mayor precisión el alcance material y temporal de la amnistía", señala el escrito.

Asimismo, se subraya la ausencia de un vínculo claro entre las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017, sus preparativos o consecuencias, y los delitos de malversación o corrupción por los que se procesó a los líderes independentistas.

Las advertencias sobre los plazos procesales y la falta de garantías

Otro de los aspectos que Bruselas considera problemático es el plazo legal de dos meses establecido para decidir la aplicación de la amnistía, si este límite impide a los jueces tomar las medidas necesarias para evaluar el caso con garantías, como podría ser la obtención de pruebas o la audiencia de partes implicadas. Además, critica que en el procedimiento no se haya permitido a entidades como Sociedad Civil Catalana participar de manera contradictoria en el debate sobre los elementos del caso.

En consecuencia, la Comisión sostiene que el Derecho comunitario se opone a una norma nacional que impida un análisis procesal pleno y garantista, o que pueda eximir de responsabilidad a personas no incluidas claramente en el objeto de la amnistía.

Además del Tribunal de Cuentas, otros tres órganos judiciales españoles han planteado dudas ante el TJUE en relación con la ley de amnistía: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Audiencia Nacional y el Juzgado Penal nº 3 de Vilanova i la Geltrú. La primera vista para examinar parte de estos asuntos se celebrará el próximo 15 de julio en Luxemburgo.

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